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El Nuevo Día: Camino bajo arena movediza en Mi Salud

Monday, March 30th, 2015

La transición de los nuevos contratos de la Reforma de Salud comienzan bajo un incierto panorama económico

A dos días para que entren en vigor los nuevos contratos de la Reforma de Salud, los acuerdos entre el Gobierno y las cinco compañías de seguros de salud seleccionadas para correr la parte administrativa del Plan de Salud del Gobierno (PSG) por los próximos tres años se estrenan en arena movediza.

En los últimos meses, los retos financieros han marcado la gestión de la Administración de Seguros de Salud (ASES), encargada de dictar las pautas, fiscalizar y velar porque los servicios de salud a cargo del ala gubernamental se ofrezcan sin mayores contratiempos.

Pagos  tardíos a los proveedores en los últimos meses reflejan cómo el repago de sus líneas de crédito con el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) se ha afectado por insuficiencia de fondos. Mientras, la incertidumbre financiera ante la posible pérdida del paquete de fondos federales ligados a la reforma de salud federal, mejor conocida como Obamacare, antes de la fecha programada en 2019 también es parte del frágil panorama económico que enfrenta la ASES.

Además, la corporación pública arrastra un  déficit que ascendía a  $59 millones para el pasado año fiscal y, por su débil situación económica, sigue rindiéndole informes mensuales al BGF.

“El problema ahora en la Reforma es que ya no hay manera de subsistir ante una cantidad de asegurados tan alta”, dijo Ibrahim Pérez, exdirector médico del Municipio de San Juan.

El imperio que representa el PSG, el cual abarca a casi 1.4 millones de asegurados, arranca una nueva etapa con contratos el próximo 1 de abril. Aunque los contratos para el plan Mi Salud tendrán una duración de tres años, la operación conlleva un impacto presupuestario inicial de $2,760 millones, la suma de las tarifas acordadas durante el primer año, según datos ofrecidos por la ASES.

Según el economista  Vicente Feliciano, uno de los aspectos que más preocupa en los nuevos contratos de la Reforma es la ampliación de la cubierta por exigencias del Obamacare, lo que, según dijo, implica alrededor de $125 millones adicionales.

Las nuevas cubiertas de Mi Salud incluyen  métodos anticonceptivos, servicios quiroprácticos y trasplantes de córnea, hueso y piel, entre otros beneficios adicionales.

Además, Feliciano advirtió que al ritmo en que se está gastando el bloque de $6,300 millones de fondos del Obamacare destinados a Puerto Rico, se estima que estos se acabarán para 2018, un año antes de lo previsto. Esto, dijo, dejará un hueco de $1,000 millones en las arcas de ASES.

Según el economista, la reducción de gastos gubernamentales y/o la imposición de copagos y deducibles más altos podrían cubrir ese vacío para asegurar la estabilidad de Mi Salud.

El PSG siempre ha estado subfinanciado, pero ahora la situación es crítica y el peligro aumenta con el margen anual de ganancias de 2.5% que los nuevos contratos de ASES le permiten a las aseguradoras, señaló Pérez.

“Al borde del colapso”

Según  José Sánchez, de la Asociación de Laboratorios Clínicos, cambiar de una aseguradora (Triple-S) a cinco compañías a cargo de la administración del PSG representa un gasto adicional de unos $300 millones.

“Hay que validar la población suscrita al plan porque el fraude y abuso (de personas que no cualifican, pero entran de forma fraudulenta al PSG), más las ganancias de las aseguradoras van a acabar con esto (la Reforma)”, dijo Sánchez.

Para el doctor  Víctor Ramos, presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, los días de la Reforma de Salud están contados.

“No creo que aguante más de seis meses. Los CMS (los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid) tienen que asumir su responsabilidad y asignar  fondos correspondientes (más altos) a la realidad de Puerto Rico. Estamos al borde del colapso”, aseguró Ramos.

El presidente del Colegio de Médicos comentó que otra posibilidad es que se reduzca la cubierta del PSG a una más básica para reducir los gastos.

Jaime Plá, de la Asociación de Hospitales, lamentó cómo ha corrido la transición a los nuevos contratos, con retrasos en la contratación de los proveedores y en el ofrecimiento de tarifas más bajas. Sugirió que la certificación de los proveedores y la imposición de tarifas debería estar a cargo de la ASES, no las aseguradoras.

De acuerdo con el economista  José Alameda, el financiamiento es una parte importante de la Reforma que amerita se atienda con urgencia ya que, de lo contrario, continuarán los atrasos en los pagos, entre otras situaciones. Además, coincidió  que aumentar deducibles y reducir servicios en Mi Salud podrían ser parte de la solución, así como evitar la sobreutilización de servicios y el fraude.

Sin embargo, el doctor  Rafael Torregrosa, de la Alianza Salud para el Pueblo, recalcó que mayores copagos y deducibles provocarían interrupciones en los servicios médicos que necesitan los pacientes y dificultades de acceso entre los asegurados.

“Hay que buscar un modelo donde el dinero rinda más”, expresó Torregrosa, al comentar que en el modelo actual el 33% del costo  va a gastos administrativos. Según Torregrosa, urge que el gobierno recupere el control del sistema que recae actualmente en las aseguradoras.

El imperio de Mi Salud. 

Juntos, Mi Salud y Medicare componen casi el 80% del gasto anual de la industria de la salud y el  58% de todos los asegurados del País. Con unos 740,000 asegurados, en su mayoría suscritos a planes Medicare Advantage, el gasto anual de Medicare en Puerto Rico es de unos $5,870 millones.

“El sistema de la Reforma (de Salud) siempre ha sido el principal. Tuvo al 46% de la población en el año fiscal 2000-2001, su pico más alto (de asegurados)”, recordó Pérez.

La Reforma de Salud comenzó operaciones el 1 de febrero de 1994 en la región noreste. Posteriormente, continuó expandiéndose y para julio de 2000 ya abarcaba las diez regiones en que el País fue dividido originalmente para efectos de este sistema.

Anteriormente, la fortaleza del sistema público de salud del doctor  Guillermo Arbona  se basaba en los Centros de Diagnóstico y Tratamiento (CDT). Para 1992, justo antes del inicio de la Reforma, este sistema abarcaba el 60% de la población, a unas 2,160,000 de personas.

“En el sistema Arbona no había nadie sin seguro (médico) porque las personas no necesitaban una tarjeta (para recibir servicios de salud). Es con la Reforma que necesitan una tarjeta (de salud). Ahí es que surge ese 8% de personas no aseguradas que desnivelan la ecuación”, dijo Pérez.

Para poder ser elegibles a la Reforma de Salud, las personas tienen que cumplir con unos índices de pobreza. La Reforma marcó una brecha entre los elegibles al sistema, las personas con seguro médico privado, los asegurados de Medicare y los que no reunen los límites de pobreza para entrar al PSG, pero tampoco pueden pagar un plan privado.

“A lo largo de la Reforma hemos visto cómo el gasto sube, pero con menos asegurados”, señaló Pérez.

Según datos de la ASES, en los últimos diez años se ha notado una fluctuación de asegurados, con una leve tendencia a disminuir.

De acuerdo con la comisionada de Seguros,  Ángela Weyne, las aseguradoras privadas están gastando más en beneficios a sus asegurados que antes. Los requisitos impuestos por el Obamacare para incluir una serie de beneficios en las cubiertas básicas de los planes médicos podrían explicar este aumento, señaló.

Según datos provistos por Weyne, durante el año natural 2014, los planes privados reflejaron $1,620,000,000 en primas suscritas, $1,406,000,000 en reclamaciones pagadas y $230,000 en gastos administrativos.

El director ejecutivo de la ASES,  Ricardo Rivera, no estuvo disponible para entrevista.

http://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/caminobajoarenamovedizaenmisalud-2027016/